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La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las “ventanas” en las que entregará los dictámenes clave de la agenda 2016, entre ellos la Acción Ejecutiva migratoria.

Las fechas tentativas son: lunes 6, lunes 13, lunes 20 y lunes 27 de junio.

“Es durante el mes de junio cuando se conocen las fechas en que se entregan los principales fallos”, dijo a Univision Noticias Ezequiel Hernández, un abogado especialista en temas migratorios radicado en Phoenix, Arizona. “Es cuando se dan a conocer los veredictos más importantes de trascendencia nacional”.

La Acción Ejecutiva migratoria fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. El beneficio ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados que entraron siendo niños al país y están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).

Ambos programas fueron detenidos el 16 de febrero del año pasado por un tribunal de Texas tras una demanda entablada por 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos). Argumentan que Obama abusó de su poder ejecutivo y la Acción Ejecutiva viola la Constitución.

La audiencia de abril

El pasado 18 de abril los magistrados de la Corte Suprema celebraron una audiencia publica y escucharon los argumentos de los abogados del gobierno y de los 26 estados. Los demandantes insisten en que las leyes solo pueden ser cambiadas por el Congreso. Y reiteran que el presidente abusó de su poder ejecutivo porque modificó la ley de inmigración sin el consentimiento del Congreso.

Los magistrados Sonia Sotomayor y Stephen Breyer fueron los más a favor de la idea de que existen límites en torno a cuán lejos pueden llegar los estados a la hora de demandar al gobierno federal, especialmente en torno a la idea básica que esgrimen de que tendrán que excederse en sus presupuestos si tienen que atender a los inmigrantes indocumentados a la hora de prestarles nuevos servicios, como la expedición de licencias de conducir.

Sin embargo, el abogado Scott Keller que representa al estado de Texas -uno de los demandantes- insistió en que el Congreso es el cuerpo legal que debe autorizar al presidente a la hora de diferir cualquier deportación, por lo que reiteró que la Acción Ejecutiva no tiene base legal.

Por su parte, el magistrado Samuel Alito, visto como más favorable a la demanda de los 26 estados liderada por Texas, salió en defensa de los detractores afirmando que el tema de los beneficios que recibirían los indocumentados, como la expedición de las licencias de conducir, eran el punto más importante y representaba el argumento más sólido de la demanda.

Donald Verrilli , uno de los abogados del Departamento de Justicia que asistió a la audiencia en representación del gobierno federal, fue claro al decir que cualquier demanda a una Acción Ejecutiva no puede estar basada en los problemas que representan dar o no licencias de conducir de inmigrantes indocumentados.

Cruzan los dedos

Mientras se acerca la hora del fallo, las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes cruzan los dedos y esperan un dictamen favorable.

“Pienso que un fallo no se dará antes de mediados de junio y será a favor de los beneficios anunciados por el presidente Obama el 20 de noviembre de 2014”, dijo a Univision Noticias Juan José Gutiérrez, director ejecutivo del Movimiento latino USA de Los Angeles, California. “E incluso el dictamen pudiera prolongarse hasta el 4 de julio, día de la Independencia de Estados Unidos”, agregó.

El activista apuntó que “nada indica que la resolución sea desfavorable teniendo en cuenta la manera en que se desarrolló la audiencia del 18 de abril”, y dijo que “partimos de la base que la Corte se encontraba empatada ese día y hay antecedentes de que al menos uno de los jueces se ha inclinado últimamente hacia el bando liberal”.

El 13 de febrero murió de un ataque al corazón el magistrado Antonin Scalia dejando al tribunal con ocho miembros, cuatro conservadores (John Roberts, Anthony Kennedy, Samuel Alito y Clarence Thomas) y cuatro liberales (Sonya Sotomayor, Elena Keagan, Ruth Ginsburg y Stephen Breyer).

“Basta con que uno solo cambie su voto a favor de reafirmar la autoridad ejecutiva presidencial para que se activen los programas”, dijo Gutiérrez. “Ese voto puede ser el del juez Kennedy, que ya da mostrado una tendencia hacia temas que favorecen a las minorías”.

“Hasta cierto punto Kennedy es un juez moderado”, dijo a Univision Noticias Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California en San Diego. Y recuerda que fue nombrado por el entonces presidente Ronald Reagan (republicano). “Pero sus decisiones han dicho lo contrario y no me cabe ninguna duda que los republicanos se sintieron decepcionados. Hubo muchas críticas en su contra”.

“En el caso Arizona versus Estados Unidos el juez Kennedy reconoció la amplia discrecionalidad que el presidente tiene cuando se trata de la aplicación de la ley de inmigración, incluyendo la facultad de ejercer discreción”, dijo a Univision Noticias el abogado David W. Leopold, uno de los consultores legales de America’s Voice, en Washington DC.

El caso Arizona citado por Leopold se refiere a la polémica Ley SB 1070 que, entre otras medidas, autorizaba a las policías locales pedir documentos de inmigración para verificar el estatus de permanencia de extranjeros.

Qué puede esperarse

Que la Corte Suprema le dé la oportunidad al gobierno de Obama de implementar la Acción Ejecutiva

Que la Corte Suprema limite los beneficios y la Casa Blanca implemente DACA y DAPA pero no como los anunció el 20 de noviembre de 2014

Que la Corte Suprema le de la razón a la demanda de los 26 estados y la Acción Ejecutiva muera

Si la decisión es a favor del gobierno, se abren dos caminos:

Que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) publique el reglamento de DACA y DAPA en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) y espere entre 60 y 90 días el comentario público para redactar un reglamento final. Eso coloca el programa entre los meses de octubre y noviembre

Que el DHS retome lo hecho en el 2015 y active el programa en agosto, a más tardar septiembre, dijo a Univision Noticias George Escobar, abogado de CASA de Maryland.

El “Plan B”

A pesar del optimismo, las organizaciones no abandonan el denominado “Plan B” en el caso de un fallo adverso.

“Seguimos registrando votantes hispanos para que acusan a las urnas el 8 de noviembre y decidamos nosotros, los latinos, quién será el sucesor del presidente Barack Obama”, dijo a Univision Noticias Artemio Arreola, director ejecutivo de la Coalición Pro Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (ICIRR) en Chicago, Illinois.

“Pensamos que habrá un fallo favorable. Definitivamente nuestra organización esta optimista y esperanzada en un fallo favorable. Pero en caso de un fallo adverso, estamos haciendo desde hace muchos meses un trabajo partidista electoral para llevar a las urnas, en noviembre, a millones de votantes hispanos y decidir el futuro de la elección”.

“Nosotros somos quienes inclinaremos la balanza y elijamos un presidente y un nuevo Congreso que apoye nuestras luchas”, dijo el activista.

Gutiérrez añadió que “el panorama luce prometedor. Nada esta escrito por adelantado pero nosotros seguiremos presionando. Reafirmar el derecho presidencial de poder emitir este tipo de órdenes ejecutivas es clave y lo firmará la Corte Suprema. La Acción Ejecutiva será implementada, de eso no nos cabe ninguna duda”.

Fuente: http://www.radiolaprimerisima.com/

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