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Los Ángeles, 4 ene (EFEUSA).- Grupos civiles y organizaciones proinmigrantes se preparan hoy para asesorar a familias centroamericanas indocumentadas ante la posible ola de deportaciones, sobre todo tras las primeras detenciones registradas este fin de semana en Atlanta, Georgia.

El esfuerzo, que provocó alarma entre los indocumentados, se da tras el arresto de 121 inmigrantes este fin de semana en la Costa Este y en Texas.

“Estamos trabajando de forma conjunta para poder tener listas las mociones de reapertura y tratar de detener las deportaciones. Hasta en el último momento existe una oportunidad”, dijo a Efe Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA).

Aunque AILA y las organizaciones comunitarias alrededor de todo el país han estado trabajando desde vísperas de Navidad para evitar la deportación de familias centroamericanas que entraron sin documentos en 2014, los operativos realizados en Georgia, Carolina del Norte, Texas y Maryland obligaron a estos defensores de inmigrantes a acelerar sus estrategias.

El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, advirtió hoy en un comunicado que las redadas de este fin de semana no deberían ser una sorpresa para nadie.

“He dicho públicamente durante meses que los individuos que constituyen una prioridad serán removidas del país, esto incluye a las familias y los niños no acompañados”, insistió.

Los arrestos y operaciones recientes del DHS serán incluidos en la campaña de mensajes que el Gobierno está implementando en Centroamérica para educar y desalentar a las familias que están considerando emigrar de forma indocumentada hacia Estados Unidos, aseguró Johnson en el comunicado.

Para el director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), Pablo Alvarado, las acciones del DHS de este comienzo de año están basadas en una estrategia meramente política.

“Estas deportaciones son motivadas por la política, esta administración quiere demostrar que no es débil y que implementa las leyes, es un año electoral”, advirtió.

Mientras las voces de protestas se escuchan en toda la nación, los activistas han activado varias estrategias a nivel nacional para que las familias de los afectados denuncien los arrestos.

“Vamos a realizar talleres para que los indocumentados estén informados y estamos urgiendo a las personas que puedan verse afectadas a que se comuniquen con las organizaciones comunitarias y sus abogados”, advirtió Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles (CHIRLA).

Nieblas aseguró que los inmigrantes afectados por las acciones de las autoridades pueden ser miles: desde personas que perdieron sus casos en una corte por la celeridad con la que se procesó, a inmigrantes que desatendieron las audiencias o indocumentados detenidos en redadas hasta aquellos que aún no tienen un abogado que los represente.

Un estudio reciente de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), reveló que a pesar de que la representación legal les permitiría tener más opción de obtener un amparo migratorio sólo una cuarta parte de las familias que tienen un proceso en una corte de inmigración tiene abogado.

Este es el caso de los inmigrantes hondureños Ana Lizeth Mejía y su hijo William Alexander, arrestados el pasado sábado, que lo único que les pueda salvar de una inminente deportación es una rápida acción del abogado.

La familia de los indocumentados manifestó hoy en entrevista con Efe que los esfuerzos se complicaron después del traslado de los detenidos a Texas.

“Es una gran desesperación. El consulado de Atlanta me dice que no puede hacer nada, en Texas no me contestan, y el abogado está sometiendo una solicitud de amparo”, explicó Johana Gutiérrez, tía de Mejía.

Para Fernando Romo, abogado experto en inmigración y miembro de AILA, el movimiento de los indocumentados fuera del estado donde se está llevando su caso aumenta los obstáculos para que los abogados logren someter una reapertura de caso o una apelación.

De acuerdo a las cifras de TRAC, en lo que va del año fiscal 2016, más de 5.800 inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras han recibido una orden de deportación.

Los gobiernos centroamericanos también se unieron al esfuerzo para respaldar a sus connacionales. En esto, los gobiernos de El Salvador y de Guatemala emitieron ayer recomendaciones a los posibles afectados y recordaron los derechos que tienen aunque sean indocumentados.

Por su parte Johnson aseguró que la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) implementó acciones que aseguraran el respeto a las familias detenidas, utilizando agentes femeninos y personal médico para apoyar el desarrollo de las operaciones.

La mayoría de los 121 indocumentados fueron trasladados a un centro de detención en Texas para tramitar su repatriación.

Fuente: http://www.diariolasamericas.com/

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