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Los poco más de 300,000 inmigrantes indocumentados protegidos de la deportación en las últimas dos décadas, se preparan para lo peor si el DHS decide no prorrogar el programa humanitario.

Después de casi dos décadas viviendo legalmente en Estados Unidos bajo un Estatus de Protección Temporal, miles de inmigrantes indocumentados cruzan los dedos para que el gobierno les extienda nuevamente el programa humanitario que ampara sus deportaciones. Algunos ya preparan un plan B ante lo peor, otros aguardan con oraciones y súplicas que ocurra un milagro: “Que Dios le toque el corazón a Donald Trump y no cancele el TPS”, dice Orlando López, un activista hondureño que lleva 19 años en Estados Unidos.

El plazo para que el gobierno anuncie si prorroga el amparo vence entre el domingo y el lunes, cuando se cumplen 60 días antes del vencimiento de la última prórroga, el próximo 5 de marzo.

“Estamos con el temor de que no lo van a renovar. Claro que hay miedo, cómo no lo vamos a tener. ¿Y qué va a suceder si no lo hace?”, se pregunta.

El único precedente hasta ahora ocurrió el pasado 24 de mayo, cuando el entonces secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, anunció que el gobierno concedía la última prórroga de seis meses al TPS de Haití, otorgado tras el terremoto del 12 de enero de 2010.

Kelly dijo en aquella oportunidad que, en el caso de Haití, el plazo otorgado era suficiente para que los poco más de 57,000 inmigrantes indocumentados haitianos protegidos por el programa se prepararan para regresar a su país.

El TPS otorga un amparo temporal de la deportación y un permiso de trabajo que vence cada vez que finaliza la última prórroga.

Si el DHS no comunica una extensión y opta por el silencio, el TPS de Honduras y Nicaragua vencerá automáticamente el 5 de enero y los poco más de 90,000 beneficiarios quedarán sin ningún amparo de sus deportaciones de Estados Unidos.

“Nuestras vidas están aquí”

López dice que la comunidad hondureña se encuentra “temerosa” y “preocupada” por el futuro inmediato del TPS. “Nuestras vidas están hechas aquí, tenemos estabilidad. Y (el TPS) era temporal, entonces ¿por qué tardaron tanto tiempo para tomar acción y despachar a la gente de regreso?”, se pregunta.

“Imagínese, llevo 19 años aquí. La verdad es que uno siempre busca la vía legal, y la fe y el agradecimiento por el trabajo que uno desempeña. Muchos, la inmensa mayoría de nosotros, no tenemos récord criminal, estamos limpios, y en estas dos décadas nuestra esperanza era que nos dieran la residencia legal permanente”, dice el activista.

Tras una pausa, señala que antes de que el gobierno tome una decisión al respecto, “deberían considerar que pagamos impuestos, tenemos casa que la estamos pagando al banco, hemos montado negocios y le damos trabajo a estadounidenses. ¿Cómo entonces es posible que esta gente no tenga corazón y vaya a cancelar el programa?”, vuelve a preguntar.

El dirigente cuenta que en el último año “hasta el presidente de Honduras vino a vernos, pero no hay nada claro respecto al futuro del TPS. Y si lo cancelan, entonces seremos como el hijo prodigo. Si tenemos que irnos, nos vamos. Pero tenemos que ver qué hacemos con nuestras inversiones porque son nuestras”.

“Pero nos queda la fe. Y sabe qué, de una u otra forma nosotros también lo apoyamos (a Trump) para que sea presidente, y pienso que no nos puede pagar de esta forma, quitándonos el TPS”, dice.

El Plan B

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo el viernes a Univision Noticias que la decisión del gobierno sobre el futuro del TPS de Honduras y Nicaragua será anunciada antes del 6 de noviembre en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

Además de los poco más de 86,163 indocumentados hondureños, el programa ampara de la deportación a unos 5,349 nicaragüenses, de acuerdo con datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Si bien no hay garantías de que el programa vaya a ser prorrogado por décimocuarta vez, Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña de Miami, dice que están preparando un Plan B.

“Hay mucho pesimismo. No hay nada por el momento, solo incertidumbre y hermetismo por parte del gobierno. Pero mientras llega la decisión, nos estamos preparando. Y en última instancia esperamos una prórroga como la de Haití, que les dieron seis meses más”, dice Portillo.

La última vez que el Congreso debatió la reforma fue en 2013, cuando el Senado aprobó el proyecto de ley S.744, que incluyó un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados, entre ellos inmigrantes con TPS. Pero el programa fue detenido por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos.

“No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”, asegura el dirigente.

“Seguimos las reglas y ahora nos quieren sacar”

Para los salvadoreños protegidos por el TPS, las preocupaciones son similares que las experimentadas por hondureños y nicaragüenses.

“Soy supervisora de enfermería y trabajo con niños enfermos y servicios en casa”, cuenta Karla Alvarado, quien recibió el amparo de su deportación en 2001, cuando el gobierno del entonces presidente George W. Bush anunció el beneficio. “Lo que más me asusta es perder mi trabajo y la oportunidad de permanecer en Estados Unidos. Sería terrible”.

Alvarado llegó al país antes del azote de los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero del 2001. “Tenía 9 cuando me trajo mi mamá. Éramos ella y mi hermano, vinimos para alcanzar el sueño americano”.

“Imagínese si no lo prorrogan. O nos quedamos indocumentados o regresamos. Cualesquiera de las dos opciones no son buena. El gobierno debería de pensar en eso. Nosotros pagamos taxes (impuestos), desempleo y Seguro Social y todo eso, y no lo disfrutamos. Seguimos las reglas y queremos seguir adelante, pero nuestro futuro aquí pende de un hilo. No sabemos qué va a pasar con nosotros. El miedo crece todos los días”, agrega.

La última prórroga del TPS de El Salvador vence el 9 de marzo de 2018, y el gobierno debería anunciar si lo prorroga o no antes del 6 de enero. El TPS ampara de la deportación a unos 220,000 indocumentados.

Un reciente informe del Banco Central del país centroamericano revela que los 2.8 millones de connacionales que viven en Estados Unidos, con y sin papeles, enviaron en 2016 un total de $4,576 millones en remesas, la cifra más alta en la historia y que representa el 17,1% de su Producto Interno Bruto (PIB).

 

Fuente: http://www.univision.com/noticias

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