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Las llamadas “ciudades santuario” podrían perder fondos federales por negarse a cooperar con las autoridades de inmigración, advirtió el lunes el secretario de Justicia Jeff Sessions, quien agregó que el gobierno podría además tratar de recuperar las subvenciones que ya entregó por la misma razón.

Sessions dijo que el Departamento de Justicia requerirá que las ciudades que soliciten subvenciones de un fondo de 4.100 millones de dólares verifiquen que cumplen con una sección de la ley federal que permite compartir información con funcionarios de inmigración.

Sus declaraciones, vertidas en la sala de prensa de la Casa Blanca, evocan las palabras de Donald Trump durante su campaña presidencial, y se dieron tres días después de la aplastante derrota de la iniciativa de salud del gobierno.

“Exhorto a los estados y ciudades del país a considerar cuidadosamente el daño que hacen a sus ciudadanos al rehusarse a aplicar nuestras leyes de inmigración”, dijo Sessions.

Trump dijo durante su campaña que quitaría fondos federales a las ciudades santuario. No obstante, los precedentes jurídicos indican que ello sería difícil.

El gobierno del presidente Barack Obama emitió la misma advertencia el año pasado, y dijo a las ciudades que se arriesgaban a perder dinero de subvenciones en 2017 si no acataban la ley.

Sessions no detalló qué factores específicos ocasionarían que el gobierno niegue o retire fondos a una ciudad, y dijo únicamente que realizaría “todos los pasos necesarios para arrebatar” fondos a ciudades que se considere que no estén obedeciendo la ley.

La Casa Blanca intensificó la semana pasada la presión sobre ciudades refugio a través de la publicación de un reporte sobre cárceles locales que listaba más de 200 casos de inmigrantes que fueron liberados antes de que pudieran intervenir agentes federales. La lista fue compilada en acatamiento a un decreto firmado por Trump en enero que exigió al gobierno documentar qué jurisdicciones locales no estaban cooperando con los esfuerzos federales para encontrar y deportar a inmigrantes que estén ilegalmente en el país.

Negarse a respetar tales solicitudes de detención de inmigrantes no colocaría a una ciudad en violación al estatuto citado por Sessions, el cual tiene que ver con más bien con compartir información de autoridades judiciales sobre el estatus de inmigración de alguien.

Mientras tanto, líderes municipales en muchas partes del país prometieron desafiar cualquier represalia.

“Nos vamos a convertir en la peor pesadilla de este gobierno”, dijo Melissa Mark-Viverito, presidenta del concejo municipal de la ciudad de Nueva York, quien participó en una pequeña conferencia en Nueva York a la que asistieron funcionarios de las ciudades de San Francisco, Seattle, Denver, Chicago y Filadelfia, entre otras.

Mark-Viverito y otros prometieron impedir que agentes federales de inmigración tengan acceso a ciertas áreas propiedad de la ciudad, restringir su acceso a escuelas y registros de escuelas, así como proporcionar servicios jurídicos a inmigrantes que estén en Estados Unidos sin permiso.

Kevin de Leon, líder del Senado de California, calificó el mensaje de Sessions como “nada menos que chantaje. … Su método de poner una pistola en la cabeza para obligar a ciudades y condados opositores a participar en la inhumana y contraproducente deportación masiva de Trump es inconstitucional y fracasará”.

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