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Estados Unidos y México unirán fuerzas para frenar el flujo de inmigrantes desde Centroamérica, al financiar una serie de proyectos durante los próximos seis meses para mejorar las economías y la situación de seguridad en esos países, en tanto se reduce la corrupción, informaron funcionarios en ambos países.

 La iniciativa surge debido a que, en los últimos años, la mayoría de la gente que ingresa a Estados Unidos de manera ilegal proviene de países de América Central y no de México, con más de 200,000 centroamericanos detenidos en la frontera en 2016, de acuerdo con un reporte publicado por Los Angeles Times.

“Estamos asumiendo lo que ambos reconocemos como los impulsores de la migración masiva”, dijo Mark Green, administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, quien anunció la colaboración tras reunirse con sus homólogos en la Ciudad de México. “Si podemos encargarnos de esos impulsores en casa, entonces los niños tienen una vida normal”, añadió.

 Las colaboraciones comenzarán de inmediato, de acuerdo con Green. En El Salvador, las dos naciones trabajarán con el gobierno local para mejorar las prácticas comerciales. En Honduras, médicos y expertos en medicina forense mexicanos trabajarán con estadounidenses para capacitar a funcionarios locales encargados de hacer cumplir la ley en técnicas más eficaces y transparentes. Y en Guatemala, Estados Unidos y México asistirán a los jóvenes que probablemente migren en busca de trabajo y ayudarán a mejorar la recaudación de impuestos para minimizar las oportunidades de corrupción.

Aunque Donald Trump solicitó una reducción en el financiamiento para Centroamérica en su propuesta de presupuesto al Congreso a principios de este año, esta iniciativa es la continuación de una estrategia forjada por su predecesor, el presidente Barack Obama, quien persuadió al Congreso de aprobar más de 750 millones de dólares en ayuda para el desarrollo de América Central después de que más de 68,000 niños que viajaban sin un adulto fueron detenidos en la frontera en 2014. La mayoría provenía de los llamados países del Triángulo Norte, es decir, El Salvador. Guatemala y Honduras.

 En agosto pasado, Trump puso fin a un programa de la era de Obama que otorgaba residencia legal temporal en Estados Unidos a niños centroamericanos que podían demostrar que estaban bajo amenaza de violencia. El programa fue diseñado como una alternativa segura y legal para los infantes que de otro modo podrían haber intentado migrar solos.
Un mes después, en septiembre, Trump anunció que terminaría el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), otra iniciativa de la era Obama que protege de la deportación a 800,000 inmigrantes traídos a Estados Unidos como niños.

Trump también evalúa la posibilidad de renovar las protecciones para los inmigrantes que viven en el país con Estatus de Protección Temporal (TPS), que se otorgó a decenas de miles de inmigrantes a raíz de desastres naturales en Honduras, El Salvador y varios otros países. En enero próximo vence la última extensión otorgada a sus beneficiarios, quienes a través del activismo buscan extender la duración de la iniciativa.

Fuente: https://mundohispanico.com/

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