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Las recientes declaraciones del secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, quien advirtió que el TPS es un beneficio “temporal”, puso en alerta a miles de indocumentados centroamericanos protegidos por un programa que tiene frenadas sus deportaciones, y les concede un permiso de trabajo.

“No somos turistas, tenemos nuestras vidas hechas en Estados Unidos”, dice la inmigrante nicaragüense Mirma Soto, cuyo apellido no es Soto, pero pidió mantenerlo en reserva. “Imagínese usted, llevo casi 19 años protegida de la deportación. Tengo mi hogar, mi familia, mi matrimonio y mis nietos. Aquí tengo toda mi vida”.

No solo la comunidad nicaragüense está preocupada, también la salvadoreña y hondureña.

La advertencia de Kelly se suma al anuncio del 22 de mayo de una extensión solo por seis meses, en vez de 18 meses, para 58,000 haitianos indocumentados que viven en el país amparados por un TPS.

Por ley, el DHS debe comunicar la decisión de prorrogarlo o no 60 días antes del vencimiento de la última renovación en el Registro Federal (diario oficial estadounidense). Si no lo hace en esa fecha, el programa finaliza el día señalado en la última renovación.

El TPS beneficia a unos 263,282 indocumentados salvadoreños (de acuerdo con datos proporcionados a Univision Noticias por la Oficina de Ciudadanía u Servicios de Inmigración, USCIS) , 86,163 hondureños y 5,349 nicaragüenses. El TPS de El Salvador (otorgado tras los terremotos del 13 de enero y el 13 de febrero de 2001) vence el 5 de enero de 2018, mientras que el amparo de Honduras y Nicaragua (concedido tras el paso del huracán Mitch en 1998) expira el 9 de marzo del año próximo.

Escenario 1: el DHS lo renueva

La tendencia hasta ahora ha sido que, 60 días antes del vencimiento, el DHS renueva la protección por otros 18 meses. De ser así, concedería un plazo de hasta 60 días para que los beneficiarios del programa se reinscriban.

La reinscripción conlleva una verificación de antecedentes criminales del beneficiario. Abogados advierten que, a partir del 25 de enero cuando el presidente Donald Trump firmó las órdenes ejecutivas relacionadas con el muro fronterizo y las ciudades santuario, se establecieron “nuevas prioridades de deportación”.

“Los que tienen una orden de deportación no deben asustarse”, dice José Guerrero, un abogado de inmigración que ejerce en Miami, Florida. “El TPS es precisamente para eso, para amparar de la deportación al indocumentado”.

“Pero si tiene una felonía (delito grave) o dos delitos menores, cuando someta la solicitud de reinscripción (si el programa es ampliado), las autoridades de inmigración le van a rechazar el amparo”, advierte.

Guerrero dice que en estos casos “hay que buscar asesoría legal antes de enviar la solicitud al gobierno”.

Escenario 2: ampliación reducida

Renovación similar a la aprobada el 22 de mayo para Haití. Se trata de la última prórroga. Si 60 días antes el DHS no publica una nueva ampliación en el Registro Federal (Diario Oficial estadounidense), el beneficio llega a su fin el último día señalado en la última prórroga.

De ser el caso, habrá que esperar las instrucciones del DHS sobre qué hará con los 58,000 inmigrantes indocumentados haitianos que viven en Estados Unidos, si les ordena abandonar fija un calendario de salida.

Si bien reciente prórroga no indica que será la última, la comunidad haitiana esperará a que antes del 22 de octubre el gobierno de Trump se pronuncie sobre el programa, y si en esa fecha decide ampliarlo o simplemente no diga nada y deje que termine el amparo.

Abogados consultados señalan que, al momento de terminar la protección temporal, el beneficiario recupera su estatus migratorio anterior, es decir, vuelve a ser un indocumentado sin amparo de deportación y sin permiso de trabajo.

Escenario 3: no hay prórroga

En caso de que el gobierno de Trump decida no prorrogar la protección, algunos inmigrantes protegidos por el amparo se alistan para ejecutar lo que definen como Plan B.

“Estamos esperanzados en que este presidente se le moverá el corazón”, dice Soto. “Pero si nos echan, la mayoría de la gente con TPS nos vamos a cambiar de casa, de dirección. Nos iremos a otro estado. Ese es mi caso y el de muchos que conozco. Nos iremos para que no nos arresten y nos deporten”.

Pero a pesar de los temores, Soto dice que “eso no va a pasar. No queremos eso, queremos que el gobierno permita que sigamos trabajando, pagando impuestos. Que no se olvide que somos trabajadores, padres de familia que llevamos mucho tiempo en Estados Unidos y queremos ver crecer a nuestros nietos”.

“No pienso en que mi iré. Mi esposo fue prisionero de los sandinistas, por eso huyó de nuestro país. Eso fue hace más de 30 años. Él no puede regresar, los sandinistas siguen en el poder. Estados Unidos es nuestro hogar desde hace ya mucho tiempo”, agrega.

Para la activista Nora Sándigo, de la Fraternidad Nicaragüense de Miami, en el sur de Florida, “si el gobierno no prorroga el TPS “miles de inmigrantes quedarían en el limbo, desamparados y expuestos a una deportación”.

Las remesas
Entre enero y abril de 2017 Los salvadoreños con TPS en Estados Unidos enviaron remesas por $1,581 millones de dólares, según datos del Banco Central de Reserva de El Salvador, un crecimiento del 10.6% respecto a las remesas del año anterior en la misma fecha.

En Honduras, el Banco Central reporta que las remesas familiares enviadas en el primer trimestre del 2017 sumaron 964,4 millones de dólares, un 14.6% más que las remesas del año pasado en el mismo período, que sumaron 841,4 millones de dólares.

El Banco Central de Nicaragua reporta que en el primer trimestre de este año recibió $323.3 millones de dólares en remesas, un crecimiento del 6.9% con respecto al mismo período en el 2016, cuando se recibieron 302.3 millones de dólares.

“Estudios indican que el TPS ha ayudado a los países de Centroamérica, y también a los Estados Unidos”, dice Abel Núñez, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) en Washington DC. “Esta información la estamos dando a conocer y se la llevaremos al Congreso para que sea considera en ambas cámaras”.

El activista agregó que “la idea es que el legislativo considere una opción para que los miles de inmigrantes protegidos con el TPS, “tengan una opción de conseguir la residencia legal. Sería una opción permanente que pondría fin a la incertidumbre”.con respecto al mismo período en el 2016, cuando se recibieron 302.3 millones de dólares.

“Los estudios indican que el TPS ha ayudado a los países de Centroamérica y también a los Estados Unidos”, dice Núñez. “Toda esta información la estamos dando a conocer y se la llevaremos al Congreso para que sea considera en ambas cámaras.

El activista agregó que “la idea es que el legislativo considere una opción para que los miles de inmigrantes protegidos con el TPS, “tengan una opción de conseguir la residencia legal. Sería una opción permanente que pondría fin a la incertidumbre”.

Fuente: http://www.univision.com/

 

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