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Ciudades santuario e incluso urbes gobernadas por republicanos, rechazan los planes del mandatario de deportar a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos, tengan o no antecedentes criminales.

Alcaldes de decenas de ciudades de EEUU, entre ellas las que han aprobado resoluciones de rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, reiteraron el desafío al magnate e insistieron en que seguirán ayudando a los inmigrantes con y sin papeles.

Más de 250 alcaldes se reunieron en Miami Beach y fijaron posiciones en torno a una serie de asuntos que van desde el cambio climático hasta el presupuesto nacional, y también los planes de salud.

Los ediles apoyaron resoluciones que contrastan con la campaña del gobierno de Trump para combatir la inmigración ilegal, reportó The Associated Press.

La declaración de guerra

Los alcaldes acusaron un fuerte golpe el 25 de enero, cuando Trump decretó que reduciría fondos federales a toda jurisdicción que se niegue a colaborar de alguna forma con los agentes del servicio de inmigración.

En una orden ejecutiva sobre las denominadas ciudades santuario, el mandatario decretó que la inmigración indocumentada representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y pública, y señaló que estas jurisdicciones “deliberadamente violan la ley federal en un intento por proteger a extranjeros deportables de la expulsión de Estados Unidos”.

Trump advirtió a las ciudades que no colaboren con su gobierno en la detención de indocumentados con retirarles la entrega de subsidios federales, además de publicar periódicamente una lista con los nombres de personas y los crímenes cometidos que los colocaron en la lista de prioridades de deportación.

La orden, que no fue acatada por la mayoría de alcaldes, fue bloqueada temporalmente por un juez en abril.

Legalidad en duda

“Algunos de nosotros nos enorgullecemos de ser santuarios, de proteger a los inmigrantes, y me parece que esta idea de que violamos alguna norma es una gran farsa”, dijo el alcalde de Los Ángeles Eric Garcetti.

Garcetti agregó que lo único que les pide a los funcionarios federales de inmigración es que se manejen de una manera “legal, constitucional, con órdenes de jueces”.

El alcalde angelino aludió de esta forma a la postura de las ciudades santuario de que debe existir una orden de un juez de por medio para que las autoridades locales entreguen a sospechosos a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

“Los agentes de la policía de Los Ángeles hacen entre 20,000 y 30,000 pedidos de órdenes judiciales en medio de la noche, cuando los jueces están probablemente en pijamas”, expresó Garcetti. “La noción de que el ICE no puede hacer lo mismo parece ridícula”, agregó, usando las siglas en inglés por las que se conoce al servicio de inmigración.

Maquinaria de deportaciones

En las órdenes ejecutivas migratorias de Trump del 25 de enero, una sobre las ciudades santuario y otra sobre el muro en la frontera con México, se oficializa la creación de una fuerza nacional de deportaciones.

Trump activó la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hacer acuerdos con las policías locales para que sus agentes arresten a indocumentados y los entregue a ICE para ser puestos en proceso de deportación acelerada o expedita.

La Sección 287(g) fue activada por el presidente George W. Bush tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2011 pero archivada por Barack Obama debido a la pérdida de confianza de la comunidad en las policías debido al uso de perfil racial en sus detenciones.

Trump, a pesar de las críticas al programa, decidió reactivarla para tener una fuerza que le permita cumplir su oferta de campaña, que incluye la detención de los 11 millones de indocumentados para expulsarlos del país.

Temores fundados

Los alcaldes de las ciudades grandes con alta concentración de inmigrantes, entre ellas Los Angeles y Nueva York, temen que una actitud dura hacia los indocumentados, hundirá a las comunidades de inmigrantes en las sombras, y como sucedió bajo el gobierno de Bush, hará nuevamente que no denuncien delitos ni cooperen con las autoridades.

El jefe de la policía de Los Ángeles Charlie Beck, dijo en marzo que habían disminuido las denuncias de violaciones y violencia doméstica entre los hispanos.

Los temores se acrecentaron en Texas después que el gobernador republicano Greg Abbott promulgara la ley SB4, la primera en su tipo durante Trump que le otorga poderes extraordinarios a las policías para que funjan como agentes del servicio de inmigración en el arresto de indocumentados.

Excepciones a medias

El condado Miami-Dade, que incluye 34 municipalidades, entre ellas Miami Beach, acató la orden ejecutiva de Trump del 25 de enero y modificó sus políticas para que el sistema carcelario responda a los pedidos de ICE de mantener detenidos a extranjeros que han cometido crímenes hasta que sean recapturados y puestos en proceso de deportación.

Las autoridades han entregado a 124 personas al ICE desde el 27 de enero.

Pero alcaldes republicanos de estados como Indiana y la Florida se opusieron este fin de semana a la idea de perseguir a inmigrantes que no han cometido delitos por el solo hecho de estar en el país sin permiso de estadía, a pesar que Trump decretó que representaban una amenaza a la seguridad nacional y pública.

Kent Guinn, alcalde de Ocala, Florida, dijo que, si bien se opone a despejar el camino para que los 11,5 millones de extranjeros que estarían en el país sin autorización se hagan ciudadanos, considera que la mayoría de los inmigrantes son “buenos”.

“No creo que la gente comprenda que hay algunas malas personas que tienen que irse”, expresó Guinn. Como el caso de un individuo que estaba en el país ilegalmente y que fue liberado por la policía, que mató a tiros a una mujer en San Francisco, crimen que a menudo menciona Trump al criticar a las ciudades santuario. “Pero la gente (inmigrantes sin papeles) con que nos topamos a diario son individuos trabajadores, que hacen lo que tienen que hacer para participar en la economía. Trabajan en criaderos de caballos, en restaurantes. Los vemos. Son buenas personas. No vamos a perseguirlos”, dijo Guinn.

Crecen los desacuerdos

El alcalde republicano de Carmel, Indiana, Jim Grainard, quien también va en contra de su partido en relación con el cambio climático, dice que se opone a la política inmigratoria de Trump.

“Castigar a las ciudades no tienen sentido”, sostuvo Brainard. “Todo aquél que ha venido a este país, sin importar si lo hizo ilegalmente, debería tener la oportunidad de regularizar su status y nosotros deberíamos enfocarnos en las cosas que van a ayudar a que nuestro país sea mejor”.

Además de oponerse a la orden de Trump sobre las ciudades santuario, varios alcaldes propusieron extender el programa instituido por Barack Obama que deja en suspenso la deportación de inmigrantes que fueron traídos ilegalmente al país cuando eran niños. Trump dijo que acabaría con ese programa, pero todavía no lo ha suspendido.

El programa en cuestión es DACA, que actualmente beneficia a unos 800,000 jóvenes, quienes además reciben un permiso de trabajo renovable cada dos años.

EN los primeros 100 días del gobierno de Trump ICE ha arrestado poco más de 41,000 extranjeros indocumentados, un 38% más que Obama en el mismo período el año pasado. Pero las deportaciones son inferiores, con un promedio estimado de unos 443 indocumentados diarios frente a los 923 indocumentados diarios deportados por Obama durante su mandato.

 

Fuente: http://www.univision.com/noticias/

 

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