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La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados se reunió con la organización Agenda Migrante, a fin de analizar la situación de mexicanos en Estados Unidos desde la perspectiva legal, para defender sus derechos y enfrentar los retos que enfrentan.

El presidente de esa instancia legislativa, Víctor Manuel Giorgana, consideró que de cara a la Reunión Interparlamentaria con representantes del vecino país, que se realizará en México, es importante que las fuerzas políticas estadunidenses alcancen acuerdos y generen una situación de más estabilidad para los seis o siete millones de connacionales que residen ilegalmente en esa nación.

Preguntó sobre la posibilidad de que el Congreso de Estados Unidos concrete una reforma que facilite a los migrantes de todo el mundo obtener residencia legal en su país.

Reconoció que en California se avaló una ley de protección a migrantes, contrario a Texas, donde “el gobernador promulga hoy una ley que apoya la labor de agencias de migración y fija sanciones para quien no apoye la expulsión de migrantes que hayan estado en cárceles del país vecino”.

“Condenamos esta ley y que el congreso local la haya aprobado, principalmente porque Texas es un estado de mexicanos. Además, es primer socio comercial, hay fuerte vinculación y la riqueza que se produce en esa entidad en buena medida es por manos mexicanas”, subrayó el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

A su vez, el diputado Agustín Basave Benítez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuestionó la existencia de un margen de maniobra legal para los migrantes y en qué sentido puede implementarse para proteger del daño psicológico a los hijos de los detenidos o deportados.

“Es un problema gravísimo que sufren los menores, más allá del discurso de indignación y de derechos humanos ¿qué se puede hacer legalmente?”, inquirió.

Sobre la petición de asilo en Estados Unidos, preguntó si un mexicano puede argumentar un problema de inseguridad personal a causa del crimen organizado, ya sea porque puede ser víctima o ha sido amenazado él o su familia, y si puede recurrir a ese mecanismo para salvaguardar su vida.

Por el PRI, la diputada Liliana Oropeza Olguín, secretaría de la Comisión de Asuntos Migratorios, destacó la importancia de que se respete la universalidad del derecho de la unidad familiar, en particular de los connacionales en Estados Unidos, quienes deben tener la oportunidad de que esté vigente dicho precepto, en virtud de que al migrar fundan una familia, tienen hijos pequeños y crean un patrimonio.

La legisladora preguntó qué pueden hacer los legisladores para fortalecer más los convenios de apoyo a migrantes, y exhortó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse porque se respeten los acuerdos firmados sobre derechos internacionales.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Claudia Corichi García, aseguró que los legisladores pueden contribuir decididamente a apoyar el trabajo de organizaciones como el que realiza la iniciativa Agenda Migrante en Estados Unidos.

Propuso hacer sinergia para “incorporar los intereses de México en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en materia de migración. Tenemos mucho que exigir para que el gobierno ponga atención específica en este tema, porque antes que nada, está el interés nacional”.

Ante el retorno inminente de connacionales, puntualizó que se requiere presupuesto etiquetado para preparar e impulsar programas de tipo transversal que identifiquen acciones esenciales para atenderlos, ya que muchos migrantes tienen miedo de regresar debido a los bajos salarios.

En tanto, la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón Cárdenas, resaltó la importancia de que los connacionales se informen sobre lo que deben hacer en caso de deportación, pues las órdenes ejecutivas de Donald Trump establecen deportaciones expeditas que colocan al ICE como juez y juzgado, saltando los debidos procesos y las cortes de inmigración.

Lamentó que muchos mexicanos se vean obligados a partir por falta de oportunidades en el país, y es una realidad que hoy no quieren regresar debido a la inseguridad; sin embargo, los intentos para ingresar a Estados Unidos han disminuido hasta en 60 por ciento, a raíz de la postura de su presidente.

Refirió que existen casos de connacionales que han vivido 40 años en esa nación y que ahora son deportados por faltas administrativas.

La realidad es que sólo seis por ciento ha cometido delitos mayores. Por eso, dijo, es relevante que los migrantes cuenten con defensa legal pues, de los ya detenidos, sólo casi 20 por ciento la tiene. “Debe haber un abogado que lleve esos casos y que verdaderamente pueda hacer algo por ellos”, señaló.

Reconoció la voluntad del gobierno mexicano para atender a los connacionales a través de 50 defensorías en los Consulados de Estados Unidos, pero debe evaluarse hasta dónde pueden ayudarlos y la necesidad de tener abogados adicionales.

La abogada especialista en migración, Janeth Moreno, destacó la importancia de que el gobierno mexicano se involucre en la defensa de los migrantes nacionales.

“A partir de las órdenes ejecutivas hubo un impacto, no sólo para los indocumentados, sino incluso para los documentados. Ahora cualquier persona es vulnerable, entonces, hay que llamar a los migrantes para que se informen”, explicó.

“La clave es la prevención y nosotros, los abogados de migración, nos hemos convertido en litigantes activistas a fin de prevenir más arrestos y deportaciones”, agregó.

Janeth Moreno indicó que por la actual división del Congreso Estadounidense es difícil pensar en una reforma que ayude a los compatriotas, sin embargo, las acciones en su contra se pueden bloquear desde el presupuesto, pues sin dinero no podrían ejecutarse.

Precisó que “la llegada de Donald Trump ha tenido impactos negativos, pero también positivos, ya que hizo despertar a los gobiernos, entre ellos al de México, a legisladores, políticos y personas con influencia para que apoyen a sus migrantes”.

 

Fuente: https://www.terra.com/noticias/

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