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El Gobierno presenta sus conclusiones del año fiscal 2016, donde reconoce que el nuevo perfil de inmigrantes requiere más recursos públicos y alarga los procesos.

Cuando Donald Trump tome asiento en el Despacho Oval, la inmigración ilegal será un asunto difícil de resolver para el flamante presidente.

El Departamento de Seguridad Nacional publicó este fin de semana –antes de lo que es habitual– su balance del año fiscal 2016, que acabó el 30 de septiembre. Las graves crisis de seguridad en Centroamérica provocan un nuevo pico de llegadas a Estados Unidos y demandan más recursos federales.

El número de personas arrestadas intentando cruzar la frontera de forma ilegal aumentó un 23%, pasando de 337,117 en el año fiscal 2015 a casi 416,000 en 2016. La mayoría de cruces ya no son de mexicanos o adultos que viajan solos, sino de familias centroamericanas o menores no acompañados de esa región que huyen de la violencia y pobreza.

Mientras que la cifra de mexicanos arrestados en la frontera se redujo en 17%, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza detuvo a casi 60,000 menores no acompañados provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala y casi 78,000 familias centroamericanas.

 

El gobierno anunció que el aumento de las deportaciones fue de un 2% en el último año fiscal: fueron expulsados 240,255 inmigrantes en comparación con los 235,413 de 2015. La cifra a su vez representa una reducción de 24% respecto de las deportaciones de 2014, cuando se registró un pico histórico de llegadas a la frontera.

El número total no incluye a mexicanos detenidos en la frontera, porque son devueltos de manera exprés a su país por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza.

El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, dijo que se priorizó “expulsar a individuos que podrían ser una amenaza para la seguridad pública, específicamente criminales declarados culpables de un delito”. Sin embargo, al menos en 2015, Estados Unidos deportó a más inmigrantes sin antecedentes que a criminales.

En su balance anual, los funcionarios también dicen que hay cada vez más jurisdicciones cooperan con las autoridades federales a la hora de intercambiar información sobre inmigrantes detenidos.

En 2015, casi 400 condados del país se negaron a cumplir las órdenes de detención migratoria que enviaban agentes federales a prisiones locales para retener a inmigrantes que pasarían después bajo custodia de los servicios de inmigración. En 2016 solo 279 condados rechazaron esas órdenes, dijeron los funcionarios.

De hecho, en su reporte, el Gobierno se queja de las llamadas ciudades o condados santuario. Dice que afectan negativamente a las funciones del Servicio de Inmigración y provoca que “criminales convictos acaben liberados de nuevo en las comunidades del país con potencial de volver a violar la ley”.

Fuente: http://www.univision.com/

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