Resumen
Millones de inmigrantes indocumentados esperan ansiosamente la decisión del Tribunal Supremo sobre inmigración
Es el último recurso que tienen ya que la reforma migratoria no la quiere el Congreso
Si la corte falla a favor, cerca de 5 millones de indocumentados se legalizarían
Se suponía que Cruz debía haber vuelto a su país a la expiración de su estancia de seis meses, pero se quedó a vivir en Miami —sumándose a los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente se encuentran en Estados Unidos. Cuatro años más tarde nació aquí su hijo José Manuel Rosales.
El haberse quedado más allá de la expiración de su visado la expuso a ser deportada, pero el nacimiento de su hijo en Miami podría protegerla contra esa expulsión.
El destino de Rosa Cruz se encuentra hoy en manos de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que el lunes comenzó a revisar un caso por virtud del cual decidirá si permite que una propuesta migratoria del presidente Barack Obama pueda entrar en vigor. Si el alto tribunal falla a favor del plan, Cruz y cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados que tienen hijos que son ciudadanos o residentes de Estados Unidos recibirán una protección temporal contra la deportación. Se espera que la Corte Suprema anuncie su decisión en junio.
“Sería maravilloso si el Tribunal Supremo falla a favor de nosotros, los padres de niños estadounidenses”, dijo Cruz en una entrevista el jueves. “Es muy importante para nosotros, ya que nos permitiría salir a la luz. Estoy orando a Dios por un fallo favorable para que las cosas pueden cambiar en este país”.
Aun está por verse como es que el Tribunal Supremo va a fallar.
Una transcripción de los argumentos ante la corte, el lunes, mostró que los jueces estaban divididos sobre el tema. Si los cuatro jueces que se perciben como liberales votan a favor del plan, pero los otros cuatro lo rechazan, la orden judicial existente que impide poner la medida en vigor continuará y la propuesta de Obama morirá.
Un noveno juez, Antonin Scalia, podría haber roto el posible impase pero murió en febrero, mientras dormía, durante una visita al rancho Cibolo Creek en Texas.
Para poder prevalecer en el caso, sin embargo, la administración del presidente Barack Obama tiene que convencer a uno solo de los jueces que se perciben como conservadores para apoyar el plan.
Francisco Portillo, presidente de la Organización Hondureña Francisco Morazán, con sede en Miami, ha cifrado sus esperanzas en el juez que preside la corte, John Roberts, quien —a pesar de ser visto como conservador— permitió que sobrevivierá el plan de salud conocido como Obamacare en un polémico fallo del 2012.
Portillo fue uno de los varios activistas de Miami que viajaron en autobús a Washington, el pasado lunes, para estar presentes en una multitudinaria manifestación frente a la Corte Suprema, el día que se escucharon los argumentos sobre el caso.
La transcripción de los argumentos no contiene ningún indicio definitivo de cómo decidiría el caso Roberts. Pero este sí indicó que el plan de Obama que aplaza la deportación de los indocumentados que tienen hijos ciudadanos y residentes marcaría un “cambio significativo” de la práctica anterior.
“Esto no ha sido aprobado por el Ejecutivo antes de este momento, y es un punto que rompe significativamente con lo anterior”, dijo Roberts a Donald Verrilli, el procurador asignado a hablar ante el Tribunal Supremo por la administración.
Verrilli no estuvo de acuerdo con el análisis de Roberts, al igual que la jueza Sonia Sotomayor, sobre el alcance de la medida ejecutiva de Obama, conocida formalmente como Acción Diferida para Padres de Hijos Estadounidenses y Residentes Legales Permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés). Ambos piensan que DAPA se parece a iniciativas similares del pasado.
DAPA no sólo permitiría a cerca de cinco millones de indocumentados permanecer en el país, sino que también les permitiría obtener permisos de trabajo y licencias de conducir.
“Tenemos la Ley de la Justicia que ocurrió en 1990”, dijo Sotomayor. “Concede básicamente la misma cosa, la acción diferida y la autorización de trabajo, a unos 1.5 millones de personas”.
La Ley de Justicia que mencionó Sotomayor en realidad se refiere a una política de equidad que la administración del entonces presidente George H. W. Bush promulgó a través de una acción ejecutiva para proteger de la deportación a alrededor de 1.5 millones de familiares de inmigrantes sin papeles que obtuvieron amnistía en la década de 1980 bajo la administración del presidente Ronald Reagan.
Para los indocumentados que tienen hijos ciudadanos o residentes, el esperado fallo del Tribunal Supremo es realmente la última esperanza que tienen para legalizar su situación migratoria. Todas las otras vías, como la reforma migratoria integral, se han cerrado ya que el Congreso se ha negado a actuar y el presidente Barack Obama ya no la promueve.
“No tenemos muchas opciones ahora”, dijo Karla Hernández, una hondureña que tiene tres hijos nacidos en Estados Unidos.
Ella se encarga de ellos sola porque su marido, Mario Alcerro, fue deportado el año pasado cuando las autoridades descubrieron que había regresado a Estados Unidos después de una deportación previa.
A Hernández también le gustaría que el gobierno federal añadiera una disposición a DAPA que permitiría que su esposo pudiera regresar legalmente a Estados Unidos.
Dos de sus hijos, Carlos Mario, de 16 años y Karolay, de 13, nacieron en Miami, mientras que un tercero, Mariano, de tres años, nació en Laredo, Texas.
“Cualquiera que sea la decisión del Tribunal Supremo esto va a ser muy importante para mí”, dijo Karla Hernández. “Ha habido mucha injusticia perpetrada contra las familias como la mía, la separación de las familias, como la mía.”
El mismo concepto fue mencionado por Thomas A. Sáenz, presidente y abogado general del Fondo de Defensa Legal y Educativo Mexicoamericano (MALDEF), que habló ante los jueces de la Corte Suprema el lunes como representante de tres madres de Texas no identificadas que tienen hijos que son ciudadanos y que se beneficiarían de DAPA.
“Las tres madres de Texas que tienen hijos ciudadanos, buscan la oportunidad de solicitar el beneficio discrecional, temporal y revocable, y terminar con el miedo diario que tienen de ser separadas de sus familias y detenidas, o sacadas de sus hogares, bajo el sistema poco uniforme y frecuentemente arbitrario de la inmigración federal”, dijo Sáenz a los jueces.
El impacto potencial de un fallo del Tribunal Supremo a favor o en contra de DAPA se sentirá en todo el país.
María López dijo a NBC News que ella y su marido habían comprado una casa en Houston cuando Obama anunció DAPA en el 2014.
“Sentí un gran alivio saber que ya no tendría que vivir con miedo”, dijo a la cadena televisora.
López, de México, y su marido, tienen una hija de 12 años de edad, que es ciudadana.
En Madison, Wisconsin, los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes como el Centro Hispano y Voces de la Frontera, llevaron a cabo una conferencia de prensa conjunta el lunes y entre los oradores estaba Maribel Brito, una inmigrante indocumentada que se beneficiaría del DAPA, según la página del sitio The Progressive.
“Quisiera ser elegible para una licencia de conducir,” dijo Brito, citada por The Progressive. “De esa manera no estaría más manejando con el temor de que la policía me vaya a detener”.
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