El procurador general de Justicia del gobierno de Donald Trump, prometió que bajo su liderazgo las agencias federales estadunidenses acabarán con los cárteles del narcotráfico y darán cumplimiento a las nuevas directrices en materia de inmigración.
“Trabajaremos para acabar con los cárteles del tráfico de drogas y para desmantelar a las pandillas; aplicaremos el fortalecimiento a las leyes de inmigración y procesaremos judicialmente a quienes de manera repetida violen nuestras fronteras”, declaró Sessions durante la Reunión Anual de Invierno de Procuradores Generales de Justicia de Estados Unidos.
El nuevo fiscal y exsenador republicano por el estado de Alabama recordó a los procuradores generales de los 50 estados de la Unión Americana que la sociedad de su país sufre una “epidemia” de consumo de heroína.
Sessions explicó que entre 2010 y 2014 se triplicó el número de estadunidenses fallecidos por sobredosis de heroína, y responsabilizó de ello al narcotráfico mexicano.
“Al mismo tiempo –dijo–, el flujo de drogas cruza nuestra frontera sur y llega a ciudades y poblaciones llevando a ellas violencia, adicción y miseria”.
Sin mencionar la gran demanda y consumo de drogas por parte de los estadunidenses ante el fracaso de las políticas de prevención y salud pública del gobierno federal, Sessions insistió en responsabilizar de la crisis a los narcotraficantes mexicanos.
“En particular, hemos visto un incremento en el tráfico de una nueva heroína de bajo costo traficada por los cárteles de la droga de México que colaboran con los pandillas callejeras locales”, destacó.
Con la expansión del mercado de consumo de heroína mexicana, el exsenador por Alabama sostuvo que también se ha incrementado la criminalidad violenta en las calles de las ciudades y poblaciones estadunidenses por la lucha entre las pandillas para ganar territorios para la venta de estupefacientes.
Y de manera indirecta Sessions responsabilizó al gobierno del expresidente Barack Obama por la criminalidad relacionada con el tráfico de drogas en Estados Unidos. Apuntó que en años pasados el Departamento de Justicia dio prioridad al combate de personas que cometían delitos relacionados con la portación de armas, descuidando con ello el problema de la venta y trafico de drogas.
Asimismo, indicó que en 2015 el proceso de criminales relacionados con el tráfico de estupefacientes cayó 18%.
“Bajo mi liderazgo en el Departamento de Justicia parará esta tendencia. Nuestros agentes y fiscales darán prioridad a los casos contra los criminales más violentos, para poder removerlos de nuestras calles”, declaró el procurador general.
En términos de los nuevos lineamientos de la política migratoria, bajo la orden ejecutiva que el pasado 25 de enero firmó el presidente Donald Trump, el procurador añadió que el Departamento de Justicia hará lo que sea necesario para cumplir la parte que le corresponde en la ubicación, detención, deportación y proceso de criminales e inmigrantes indocumentados.
Las nuevas directrices del gobierno de Trump en política migratoria piden al Departamento de Justicia imputar cargos criminales a inmigrantes indocumentados o residentes legales que vivan en Estados Unidos, y que se descubra que en algún momento pagaron a un coyote para meter al país a menores de edad.
De igual manera, exigen la ubicación y remoción inmediata de Estados Unidos de extranjeros con antecedentes penales, inmigrantes indocumentados o residentes legales acusados de delitos graves.
El gobierno de Estados Unidos analiza movilizar 100 mil militares de la Guardia Nacional para detener migrantes en su frontera con México, según reveló un memorándum dirigido al Departamento de Seguridad Nacional publicado el 17 de febrero por The Associated Press.
Pero Donald Trump, quien desde entonces ha lanzado varios mensajes contradictorios sobre este plan de militarizar la frontera, no es el único mandatario que ha amagado con usar al Ejército para detener migrantes. De hecho, las autoridades mexicanas llevan al menos 10 años utilizando no solo al Ejército, sino también a múltiples corporaciones policiacas, para capturar a miles de personas sin documentos.
En respuesta a una solicitud de información pública realizada por Animal Político, el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que de 2006 a junio de 2016, un total de 77 mil 310 migrantes indocumentados fueron puestos a disposición del Instituto tras ser detenidos por elementos de seis corporaciones de seguridad, entre Ejército, Marina, y cuerpos de policía.
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Estas detenciones, en promedio más de 7 mil 700 cada 12 meses, se produjeron a pesar de que la Ley de Migración vigente establece que sólo el INM puede detener a personas migrantes que transiten sin documentación. Sin embargo, varios puntos de la ley abren la puerta a que México pueda detener migrantes empleando la colaboración de sus fuerzas armadas.
PF y PGR, las que más migrantes detienen
De acuerdo con los datos del INM, la Policía Federal es la que más migrantes detiene con 28 mil 854 capturas, el 37.4% del total. Le sigue de cerca la Procuraduría General de la República (PGR), cuyos elementos pusieron a disposición del INM a 24 mil 541 migrantes.
Solo entre estas dos policías se realizaron 53 mil 395 detenciones de migrantes, el 69.2% del total. O en otras palabras: dejando a un lado las capturas del INM, casi 7 de cada 10 migrantes fueron detenidos por estas dos policías.